Todo cambio de gobierno conlleva una modificación de la manera de entender el funcionamiento del país, lo que acaba repercutiendo en cambios legislativos.
El próximo martes el Consejo de Ministros comenzará a modificar la tan conocida reforma laboral del año 2012. El primero de los cambios afectará al despido por razón de faltas al trabajo, el cual estaba catalogado como objetivo para quienes hubieran faltado ocho o más días al trabajo en un periodo de dos meses, siempre que en los doce meses anteriores se hubieran acumulado además al menos un 5% de bajas durante los días hábiles, o durante los cuatro anteriores hasta un 25%, con un detalle diferenciador; esto operaba así, aunque dichas ausencias se justificases médicamente.
Además, previamente era necesario que el índice de absentismo del trabajador despedido superase el 2,5%, exigencia que se eliminó con la reforma laboral provocando las quejas de los sindicatos correspondientes.
Esto cambió a finales de octubre del pasado 2.019, cuando el Tribunal Constitucional avaló el despido por baja laboral, aunque esta estuviera justificada, apelando a la libertad de empresa, así como a otros conceptos como la defensa de la productividad. Posteriormente, los partidos políticos que ahora gobiernan se comprometieron a derogar el artículo 52.d) que es concretamente el que trata este tipo de despido por causas objetivas. Además, el gobierno se cierra a cualquier tipo de negociación con sindicatos o empresarios dado que entienden que el cuidado de la salud es un derecho humano que debe estar por encima de cualquier otra cuestión (en palabras de Yolanda Díaz, ministra de trabajo), y que por tanto no cabe discusión alguna sobre dicha medida.
La derogación de la reforma laboral continuará de manera progresiva, sin embargo, tanto desde el gobierno como la propia ministra de trabajo, indican que sí habrá negociación a nivel social para conocer las inquietudes de empresarios y sindicatos, parte fundamental en el conflicto que nos ocupa.
Esta modificación en concreto llega a través de Decreto-Ley, por lo que tendrá validez inmediata y, posteriormente, el Congreso se encargará de consolidarla.
En lo sucesivo, la derogación y modificación profunda de la reforma laboral de 2012 se va a producir en tres fases:
En una primera asistiremos a la reestructuración de la negociación colectiva, dando mayor importancia a la aplicación de los convenios sectoriales en lugar de a los de las empresas y trayendo de vuelta la prórroga con carácter indefinido de los convenios caducados hasta que sean renovados (lo que se conoce como ultraactividad).
Posteriormente, asistiremos a una segunda fase, en la cual se reformarán las modalidades de contratación, buscando una simplificación para acabar con el abuso de la contratación laboral. El gobierno trata de ponerse del lado de los trabajadores buscando más facilidad para llegar al contrato indefinido que desprenda una seguridad económica, huyendo del uso fraudulento que se la da a los contratos actualmente temporales, que no son más que indefinidos encubiertos para proteger la economía del empresario en muchos casos.
Finalmente, una tercera fase en la que, en palabras de la propia ministra de trabajo, se querría abordar la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, lo que es, quizás, en opinión de quien escribe, demasiado ambicioso.
Por supuesto, frente a dichas propuestas se encontrarán los empresarios, quienes representados por la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), tratarán de menguar las aspiraciones del gobierno entendiendo que con tales reformas se verán perjudicados.
La pelota está en juego y los cambios comenzarán a sucederse con mayor o menor porcentaje de eficacia para los intereses de unos y otros.
A quienes nos dedicamos a esto, solo nos queda estar atentos, estudiar los cambios que se produzcan y, en la medida de lo posible, tratar de ayuda a quienes nos requieran para ello.
Alberto Álvarez Campos.
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